Por Carlos Arguedas. La principal consecuencia de la crisis mundial ha sido el desempleo, situación de la cual ni siquiera nuestro país se ha librado; solo en el mes de febrero se reportó una disminución de 3.000 empleos de las planillas privadas reportadas a la Caja Costarricense de Seguro Social.
Los generadores de empleo en la economía en el ciclo expansivo, la construcción, industria, comercio, inmobiliario y el hotelero reportaron una pérdida de octubre 2008 a la fecha de 25.000 puestos y en días pasados las noticias están plagadas con los datos de desempleo en diversas empresas.
En esta coyuntura, uno de los mayores retos de la administración pública es la de generar un ambiente de diálogo político para que los agentes económicos y sociales puedan exponer de manera objetiva, sincera y transparente una política de sostenibilidad del empleo nacional para esta crisis.
Definir una hoja de ruta.- Es el momento ideal para apoyar una iniciativa como la propuesta por el Gobierno de la República de convocar a los diversos sectores para discutir sobre este tema, pero que también nos permita como país discutir y lograr un consenso para definir una hoja de ruta en materia laboral.
Sin embargo, para que esta estrategia de empleo sea efectiva, debe estructurarse a partir de tres dimensiones temporales; en el plazo inmediato se deben definir e implementar las acciones menos conflictivas y más efectivas para defender el empleo de acuerdo a los distintos intereses de los sectores económicos y sociales nacionales.
En este plazo inmediato, las acciones privadas para mantener los niveles actuales de empleo, deben complementarse con inversiones estratégicas en el segmento del empleo público, ya que este sector no solo genera contrataciones marginales sino que actúa como locomotora económica mediante los encadenamientos y compras del Estado, ya que no podemos omitir el hecho de que el empleo público se ha mantenido muy estable en esta coyuntura, representando aproximadamente a julio del 2009 un 14% del total de trabajadores ocupados.
Para el plazo mediato, deben negociarse y ponerse en práctica aquellas acciones que a la fecha han permitido la sostenibilidad real del empleo, priorizando las necesidades de los sectores que han logrado mantener sus planillas, como es el caso del comercial y cuenta propia. Es fundamental la definición de un entorno simplificado en lo tramitológico y regulatorio que fomente la innovación y creatividad empresarial en material laboral, mediante las modificaciones comerciales, legales y fiscales necesarias para incorporar el trabajo informal, y para potencializar las ganancias de la implementación del teletrabajo y de jornadas compensadas a nivel nacional.
A largo plazo.- En una dimensión de largo plazo, el país debe tomar una decisión referente a los cambios estructurales en el mercado laboral, donde una condición sine qua non es la discusión de los proyectos de flexibilidad de horarios (expediente 17.315) y de jornadas excepcionales (16.030), donde es necesario que todos los sectores económicos y sociales adopten una actitud de diálogo y tolerancia en el debate, y a pesar de que existan distintas posiciones y opiniones, el único camino efectivo es la discusión objetiva de los costos y beneficios de estas propuestas para aprovechar las oportunidades cuando la economía mundial.
Por ello, en este punto lo prioritario sería, en el encuentro promovido por el Gobierno, lograr al menos la definición de una agenda de discusión y de plazos que le permitan al país ir avanzando en los cambios y reformas laborales fundamentales para poder competir exitosamente en la nueva configuración económica-empresarial del mundo post-crisis.
Aplaudimos esta iniciativa de convocatoria, y estamos esperanzados de que a partir de ella podamos, por una parte, lograr las acciones necesarias para escudar la sostenibilidad del empleo en estos momentos de crisis y que, por otra parte, podamos inaugurar y poner la primera piedra en la nueva edificación legal que normará nuestro mercado de trabajo nacional.
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